Vílchez atribuye la designación de Amores a su currículum y Celis niega que el PSOE se financiase con Fitonovo

jose maria villalobos - rodrigues celis

Los exconcejales del Ayuntamiento de Sevilla Alfonso Mir (PSOE), Maximiliano Vílchez (PP), Francisco Manuel Silva (IU-CA) y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE) han comparecido este miércoles ante la comisión de investigación sobre los contratos adjudicados a Fitonovo, cuyos directivos habrían repartido dádivas y comisiones a cambio de contratos públicos, negando en todos los casos cualquier conocimiento de los hechos investigados.

Hablamos de los hechos investigados a partir de la operación Madeja, después rebautizada como Enredadera, sobre los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo.

La investigación, al pasar a la fase de la operación Enredadera, supuso la detención de 32 personas en 13 provincias de España, con la imputación del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA); el entonces concejal de IU-CA José Manuel García; el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo; el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.

Aunque la investigación arrancó desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, entonces titular de dicha instancia, la Audiencia Nacional asumió finalmente el caso al abarcar las diligencias diferentes provincias. Dado que la investigación judicial comenzó precisamente por los contratos adjudicados por el Ayuntamiento hispalense a Fitonovo, el pleno del Consistorio acordó en septiembre crear una comisión de investigación sobre los contratos adjudicados por el Consistorio a esta empresa y su grupo.

MÁS COMPARECENCIAS

Esta comisión ha celebrado este miércoles su octava sesión de comparecencias, que ha incluido los testimonios de los exconcejales Alfonso Mir, Maximiliano Vílchez (PP), Francisco Manuel Silva (IU-CA) y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE). El socialista Alfonso Mir, concejal entre 2007 y 2011 y delegado municipal del distrito Macarena, ha defendido que “jamás” se entrevistó con los directivos de Fitonovo y frente al testimonio del directivo Rafael González Palomo respecto a que dicha sociedad habría costeado una reforma en la sede de la agrupación socialista de dicho distrito, ha dicho no conocer nada al respecto, explicando que él pertenece a la agrupación Sur.

Preguntado por un recorte de prensa sobre la adjudicación de unas obras por más de 400.000 euros a dicha empresa en el distrito Macarena, bajo su mandato durante una etapa, ha dicho no recordar que desde dicho distrito contratase nada con la mencionada sociedad. Del mismo modo, ha negado que miembros de Fitonovo sean socios de su caseta de la Feria de Abril ni recuerda haberlos visto en ella, así como tampoco al exconcejal socialista imputado en la causa Manuel Gómez Lobo, porque Domingo Enrique Castaño sí habría visitado su caseta en alguna ocasión. De cualquier modo, ha negado cualquier conocimiento de “anomalías” o tratos de favor a Fitonovo o pagos de dicha empresa a cambio de contratos.

Maximiliano Vílchez (PP), de su lado, ha defendido que durante su etapa como concejal de Urbanismo y Medio Ambiente le llamó “la atención” que el año previo a la llegada del PP al Gobierno municipal, Fitonovo hubiese sido adjudicataria de “diez contratos”,

si bien no escuchó “ni la más mínima insinuación de que hubiese irregularidades” hasta estallar el caso. Al respecto, ha expuesto que al comenzar la investigación judicial, el Gobierno municipal del PP elevó a la juez Mercedes Alaya, entonces al frente del Juzgado de Instrucción número seis, “todos los contratos” municipales con Fitonovo, incluso aquellos por los que la juez no se había interesado.

LA DESIGNACIÓN DE AMORES

Respecto a la designación de Francisco Amores, imputado en la causa, como jefe del servicio de Parques y Jardines al desembarcar el PP en el Gobierno municipal hispalense, ha explicado que Amores “había sido jefe de servicio” con antelación, tenía “un currículum muy bueno” y estaba “especializado” en materias de parques y jardines. Sobre el contrato del segundo lote de servicios de conservación de zonas verdes y arbolado, adjudicado en 2012 a la UTE Conversa/Aldilop, si bien la sociedad satélite de Fitonovo Albaba se hizo después con la participación de Aldilop en esta UTE por un euro, Vílchez ha expuesto que “no es tan extraño o anormal” la cesión de contratos entre empresas.

Francisco Manuel Silva Ardanuy (IU-CA), de su lado, ha expuesto que aunque fue concejal de Deportes, los contratos adjudicados a Fitonovo sometidos a investigación y relacionados con el Instituto Municipal de Deportes (IMD) corresponden al periodo “posterior” a su etapa, finalizada al dimitir a propia iniciativa el 24 de septiembre de 2008. Al respecto, ha negado todo conocimiento de cualquier “instrucción” para facilitar contratos con Fitonovo y ha defendido el “escrupuloso” mecanismo de contratación del IMD.

CELIS NIEGA FINANCIACIÓN ILEGAL

La sesión ha finalizado con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, otrora concejal de Presidencia y después de Urbanismo durante la etapa como alcalde del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Él ha defendido que nunca tuvo “relación personal, directa o directa” con el imputado Domingo Enrique Castaño, exasesor del Grupo socialista y uno de los principales investigados, mientras de Manuel Gómez Lobo tiene “buen concepto”, aunque nunca tuvo una relación directa con él más allá de la militancia socialista. Así, ha defendido que “en ningún caso” sus responsabilidades como concejal del entonces Gobierno municipal socialista le “permitían” tener conocimiento de los hechos investigados, dada la separación de las áreas de Urbanismo y Vía Pública.

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

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