El paradigma del cambio

17_02_2016_cabecera

“Ni todos los partidos llamados al consenso por Pedro Sánchez tienen el mismo concepto del progresismo, ni defienden políticas homogéneas para la mejoría económico-social, ni mucho menos tiene igualmente claro el concepto de soberanía nacional”
“Si la situación no fuera tan altamente peligrosa, sería bueno que el país quedara vacunado con un Gobierno de PSOE con Podemos, para que todos supiéramos, con conocimiento de causa, donde nos lleva el sectarismo cuando la política se convierte en elemento excluyente de las ideas ajenas”
“Si atendiéramos al puro interés partidario, lo mejor que le puede ocurrir al PP es pasar a la oposición, otra cosa es si ello sería bueno o no para España, dada la envergadura de los desafíos actuales”

El cambio, como palabra fetiche, vuelve a bombardear a los ciudadanos que se muestran desarmados por una clase política empeñada en construir fraseología interpretativa de la voluntad popular, a la que suplantan expresando, porque sí, qué es lo que quiere cambiar, cómo lo quiere cambiar y quienes deben ser los artífices del cambio.
Aquí todos hablan en nombre del pueblo pero nadie tiene la valentía de modificar la ley para que, en casos como el que tiene empantanada la política española, sean los ciudadanos los que decidan con su voto cuál es el cambio que desean. La experiencia que se vive actualmente en España deberá servir de base para estudiar medidas legislativas de índole electoral que faciliten el desbloqueo de tales situaciones. La ingobernabilidad es el resultado al que se llega cuando los políticos no están a la altura de las circunstancias, polarizando sus planteamientos a unos niveles de intransigencia con el adversario que terminan afectando a la propia convivencia ciudadana.

Dice Rajoy que “el PP reivindica su victoria y su derecho a presidir el nuevo Gobierno, porque es lo que han dicho los españoles”, algo que, si estuviera tan claro, no sería objeto de controversia. Por su parte, Pedro Sánchez y su cohorte no cesan de apelar a que se sumen a las negociaciones la mayor parte de fuerzas políticas posibles para conseguir “formar un Gobierno de cambio, más urgente y necesario que nunca”.

Para hablar con propiedad, lo primero que habría que despejar es el orden de prioridades en la acción de gobierno de quienes quieren asumirlo, porque no es lo mismo abordar políticas sociales que equilibrios presupuestarios, no es lo mismo relanzar la economía que reestructurar la soberanía nacional. Ni todos los partidos llamados al consenso por Pedro Sánchez tienen el mismo concepto del progresismo, ni defienden políticas homogéneas para la mejoría económico-social, ni mucho menos tiene igualmente claro el concepto de soberanía nacional.

La realidad es que Sánchez, con toda legitimidad, pretende asumir la Presidencia del Gobierno, y en dicho empeño radica básicamente su concepto de cambio. “Los que hay son malos, producen daño social y conmigo mejorará el bienestar del pueblo” es en síntesis la razón que esgrime para que se le cambie a él por Rajoy. Lo cierto, sin embargo, es que el panorama no es nada alentador. Los retos de España, que es lo que a la postre afecta a los españoles, son de enorme importancia. Una posible recesión, cuando estábamos empezando a salir de la anterior, hundiría aún más a las clases populares, por mucha prédica “progre” que la nueva casta difunda. La previsible subida de impuestos y la vuelta a la rigidez del mercado laboral cerrarían empresas e incrementaría el paro. La subida de la prima de riesgo elevaría los costes de financiación detrayendo fondos para el pago de intereses. El descenso de cotizantes pondría en riesgo las pensiones. El incumplimiento de los objetivos de déficit nos conduciría al temido rescate… Y ello por no hablar del golpe de Estado institucional que se incuba en Cataluña y que tendría sus réplicas en otras regiones, con cuyos representantes Sánchez pretende lograr lo que llama pomposamente el Gobierno del cambio.

Si la situación no fuera tan altamente peligrosa, sería bueno que el país quedara vacunado con un Gobierno de PSOE con Podemos, para que todos supiéramos, con conocimiento de causa, donde nos lleva el sectarismo cuando la política se convierte en elemento excluyente de las ideas ajenas. Porque lo peor, con ser grave, no sería la negativa gestión económica, con el desmesurado gasto social que se pretende sin suficientes fuentes de financiación. Lo más grave es que se ahondaría en una crisis de convivencia, arrinconando a la mitad de la población como a una comuna de apestados.

Que el pacto que haría feliz a Sánchez sería con los “podemitas” quedó claro cuando dijo aquello de que sus votantes no entenderían que así no fuera. Sánchez, que viene del paro, no quiere renunciar a la paga vitalicia que, como ex presidente del Gobierno, tendría en cuanto fuera investido, por muy poco que durara su ejecutivo. Hoy por hoy, la única forma de conseguir la investidura sería con el apoyo de la izquierda comunista de Podemos, con los apósitos de Izquierda Unida. Un gobierno surgido de tal investidura sería bastante inestable y provocaría al Presidente continuos dolores de cabeza, como lo acredita el memorándum que los de Pablo Iglesias han dirigido al socialista para empezar a negociar.

Aunque Podemos es un conglomerado de distintas formaciones, la única forma de que Iglesias mantenga alguna autoridad en las llamadas confluencias sería la consecución de cotas altísimas de poder, con importantes concesiones a los grupos confederados. De ahí la intransigencia con el tema del referéndum y la petición ineludible de todos los resortes del poder institucional: CIS, CNI, BOE, RTVE…

El oportunismo de Podemos ha sido la nota dominante de quienes supieron asaltar el movimiento de indignados y el 15-M para convertirse en una minoría chavista-leninista de “niños malcriados” desde las becas universitarias, que se han hecho con el control del grupo. Hoy, ni las “bases” ni los “círculos” pintan nada: bolchevismo puro, lo que explica las continuas crisis territoriales de la formación morada y la cada vez más acusada autonomía de sus movimientos regionales, empezando por Andalucía donde ya solicitan un grupo confederal que los asimile a Mareas, Compromis y En Comú. Por ello Iglesias es duro en sus exigencias, porque en el fondo lo que quiere es hacer inviable la formación de gobierno, provocando elecciones para dar el “sorpasso” en la izquierda y reforzando así su poder interno.

Por su parte, si atendiéramos al puro interés partidario, lo mejor que le puede ocurrir al PP es pasar a la oposición, otra cosa es si ello sería bueno o no para España, dada la envergadura de los desafíos actuales. Pero, sin duda, la oposición, y una oposición fuerte y de control como podrían realizar, serviría a los populares para renovarse y regenerarse, limpiando sus estructuras de corruptos, mientras una amalgama de fuerzas dispares afrontaba una difícil gobernanza del interés general.

El proceso de investidura ha entrado en su recta final con la fijación de fecha para el pleno del Congreso correspondiente. Caso de no conseguirse, lo más normal es que el PP intente otra sesión de investidura que serviría, como mínimo, para contrarrestar la campaña de imagen protagonizada por el candidato Sánchez. Si nadie consigue investidura, a finales de junio los españoles seríamos llamados de nuevo a las urnas y, entonces sí, podremos interpretar si quiere cambio el pueblo y qué tipo de cambio es el que quiere.

Por todo ello sería bueno que los políticos no recurran con tanta facilidad al cambio como paradigma de mejora social, vayamos a concluir que el único cambio tangible sea el de unas personas por otras, como están dejando patente las nuevas corporaciones. O como decía el lugareño que asistía a la sesión de investidura de su alcalde, entre los dos candidatos más votados: “Aquí lo único que se discute es cuál de los dos va a tener cuatro años de trabajo y dos de paro”. Como Pedro Sánchez, los dos buscaban empleo.

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