La Junta dio ayudas de los ERE para dos ferias de tapas por «amistad o cercanía política»

La Guardia Civil cree que Viera dio subvenciones por su relación con el alcalde socialista de Alcolea del Río, que consiguió 120.000 euros para las muestras

 

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Viera, acompañado por su abogada, en los juzgados de Sevilla – RAUL DOBLADO

 

El amiguismo y la cercanía política presidieron, en muchos casos, el reparto de ayudas de los ERE. Lo dejó escrito la antigua juez instructora, Mercedes Alaya, quien concluyó que se produjo «una auténtica subversión del ordenamiento jurídico» y esto provocó que «las ayudas, en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas (…) próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz».

Así lo confirma la Guardia Civil en un nuevo atestado elaborado en junio pasado, incorporado al sumario del caso ERE, que analiza las dos subvenciones excepcionales de 60.000 euros cada una que recibió en 2003 y 2004 el Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla) para organizar la primera y segunda edición de la Feria de Desarrollo Rural Equivir, celebradas en 2002 y 2004. Además de las actividades ecuestres, Equivir incluía la degustación de tapas propias de la tierra.

El informe policial, al que ha tenido acceso ABC, afirma que José Antonio Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, financió con el fondo de los ERE las ferias del Caballo y de la Tapa «por amistad o cercanía política» con el alcalde de esta localidad sevillana, el socialista Carlos López Barrera, «según se puede desprender del análisis de la declaración testifical del alcalde de la localidad».

 

López Barrera, que sigue siendo regidor del municipio, declaró a los agentes el 30 de junio pasado, que le preguntó directamente a Viera, acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos en la causa, si podía contar con dinero de la Consejería de Empleo para apoyar la feria de su pueblo. «El consejero le manifestó que sí, que podía contar con ella, por una cantidad de 60.000 euros y que, posteriormente, le entregara una memoria justificativa de la citada feria», según recoge el acta de la declaración policial adjunta al atestado. «Hasta el estallido mediático» del escándalo, en 2011, la Junta de Andalucía no inició una revisión de oficio de las ayudas que había concedido ilegalmente y solicitó sin éxito hasta ahora su devolución.

El convenio que avalaba el pago de la ayuda no se firmó hasta un año después de celebrarse la feria

A los investigadores les llamó la atención que el convenio de colaboración que permitió el pago de la primera de las ayudas se suscribiera el 5 de noviembre de 2003, es decir, «un año más tarde de la celebración de la referida feria». En él aparecen las firmas de Viera y del entonces presidente de la agencia IFA (actual IDEA) y su sustituto al frente de la Consejería, Antonio Fernández García, también investigado.

El TSJA dio la razón al Ayuntamiento

A juicio del Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, las ayudas «se emplearon para lo que se había solicitado, pero también pudieron haberse empleado para otros menesteres, ya que de las mismas no se produjo fiscalización previa ni posterior, por lo que éstas son nulas desde su nacimiento».

El atestado recoge que «tanto la Junta de Andalucía como el Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), todos ellos reconocen y aseveran la ilicitud de la concesión de dichas subvenciones, al carecer de todo tipo de requisitos, falta de publicación y un largo etcétera». El TSJA, pese a reconocer la nulidad de los convenios, exoneró al Ayuntamiento de devolver las ayudas.

Hace un año, el Tribunal de Cuentas reclamó ayudas a seis ayuntamientos de la provincia de Sevilla: Los Palacios, San Nicolás del Puerto, Guadalcanal, Camas, Alcolea del Río y Coria del Río. El Ayuntamiento de Alcolea del Río presentó alegaciones contra esta decisión, que lo hacía responsable contable.

 

 

Fuente: ABC ANDALUCIA

 

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