Un jefe de Contratación de la Junta imputado por amaño de contratos

 

 

La juez ve indicios de irregularidades en la adjudicación de helicópteros del Plan Infoca

El contrato, de 70 millones de euros, se lo pudieron haber repartido las empresas adjudicatarias, según la Policía

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Un helicóptero del Infoca apaga un fuego en Palos de la Frontera (Huelva). JULIÁN YÁÑEZ

La adjudicación, el pasado marzo, del suministro de medios aéreos para el Plan Infoca -un contrato por un importe que ronda los 70 millones de euros- tiene visos de irregularidades e, incluso, de un posible delito según la juez de Instrucción 8 de Sevilla, que ha imputado al jefe del Servicio de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente por el presunto amaño del procedimiento.

La magistrada María de los Reyes Flores citó ayer a Antonio M.L. en calidad de investigado (el nuevo término legal para referirse al imputado) al apreciar en su actuación indicios de prevaricación. Este funcionario, que ocupa un puesto de confianza dentro del organigrama de la Consejería, tuvo una participación activa en el concurso por el que la Administración andaluza adjudicó el suministro de medios aéreos para el operativo de lucha contra el fuego, que se dividió en cinco lotes que fueron a parar a cuatro empresas (Saeta, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo e Inaer), algunas de las cuales asociadas por medio de uniones temporales.

Las sospechas se basan en la posibilidad de que estas empresas -así lo afirma la Policía Nacional en sus atestados- pudiesen haber pactado el reparto de los lotes, así como en el hecho de que la Consejería de Medio Ambiente hiciese la vista gorda ante lo que aparentaba ser una colusión de empresas.

De hecho, el funcionario que destapó el caso -que también participó en el concurso administrativo- aseguró en su denuncia y luego ante los investigadores policiales que el jefe de Contratación le forzó a asistir a la mesa de adjudicación y que fue quien dio la orden de que no se pusiese en conocimiento de la Agencia Andaluza de la Competencia la posible colusión de empresas, tal y como era preceptivo.

Antonio M.L., señalaron fuentes próximas al caso, se ratificó ayer en el juzgado en la declaración que prestó ante la Policía, en la que admitió que se comentó la posible colusión de empresas, pero que no consideró necesario reflejarlo en el acta ni consultar a la Agencia de la Competencia.

En esa misma declaración, descargó la responsabilidad en los funcionarios que formaron parte de la mesa.

Cuatro adjudicatarias

La empresa Faasa, a la que apunta la Policía Nacional como la principal beneficiaria de estas irregularidades -se adjudicó la mayor parte de los 70 millones del contrato- remarcó ayer que no fue, ni mucho menos, la única compañía que resultó adjudicataria en el procedimiento abierto por la Consejería de Medio Ambiente y rechazó de plano cualquier irregularidad por su parte.

Fuentes de la empresa consultadas por este periódico negaron que entre las empresas que acudieron al concurso se llegase a pacto alguno, así como que Faasa se haya visto beneficiada en ningún momento por un supuesto trato de favor que, añadieron, no ha existido nunca «en sus 50 años de existencia».

Igualmente, rechazaron otra de las tesis policiales, las conexiones entre las empresas y recalcaron que las propias características del mercado en el que trabajan impone de por sí limitaciones a la competencia.

Para poder optar a un contrato como éste hacen falta capacidades técnicas y licencias que no abundan, dijeron las fuentes.

 

 

Fuente: EL MUNDO

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