El desvío de subvenciones para empleo en el Bajo Guadalquivir salpica a una senadora afín a Susana Díaz

 

antonio maestre1

El ex presidente del Bajo Guadalquivir, Antonio Maestre. CONCHITINA

Los dos principales imputados en la causa judicial por el desvío de subvenciones para el empleo en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir han coincidido a su paso por el despacho esta semana del juez en dos cosas. La primera, que ni sabían ni participaron en las irregularidades en la gestión de unos seis millones de euros públicos, que debían servir para formar parados y que se ‘perdieron’. La segunda, que la última presidenta de la institución, la ex alcaldesa de Lebrija y hoy senadora por el PSOE, María José Fernández, tuvo un papel protagonista.

Tanto el ex presidente del Bajo Guadalquivir, y ex alcalde de Los Palacios, Antonio Maestre (PSOE), como el ex gerente de la mancomunidad, José Antonio Navarro, declararon el viernes en calidad de investigados (el nuevo término para el antiguo de ‘imputados’) ante los jueces de Lebrija que investigan el paradero de once subvenciones públicas, la mayoría otorgadas por la Junta de Andalucía. Y los dos echaron balones fuera.

Según fuentes próximas al caso, Maestre y Navarro trataron de explicar por qué la Junta de Andalucía ha iniciado expedientes de reintegro en relación a estas ayudas culpando a María José Fernández -última presidenta del Bajo Guadalquivir y afín a Susana Díaz- por haber paralizado los proyectos cuando llegó al cargo. Eso provocó, dijeron los dos imputados, que no se pudiesen justificar las ayudas.

Además, el ex alcalde de Los Palacios señaló a tres ex altos cargos de la propia institución, entre ellos Navarro, a los que trató de implicar en el caso. Maestre negó rotundamente no ya que decidiese o autorizase el desvío del dinero de las subvenciones, sino incluso que tuviese conocimiento de estas supuestas irregularidades.

Sus funciones, vino a decir durante su declaración -en la que sólo respondió al juez y a su abogado-, eran poco más que «institucionales y de representación» y en absoluto ejecutivas. Estas labores, añadió, correspondían a la comisión de gobierno, que estaba formada por el interventor, el secretario y el propio gerente.

Él únicamente firmaba las solicitudes de las subvenciones, explicó ante el juez.

Sobre Maestre pesa un presunto fraude en subvenciones, aunque podrían sumarse nuevos delitos dado que la Fiscalía -que promovió este caso tras una denuncia del PP- también apuntaba malversación y falsedad.

En parecidos términos se expresó el ex gerente. José Antonio Navarro también apuntó hacia abajo, en concreto hacia la jefa de gestión de proyectos, Gloria Rodríguez, que figura, asimismo, en la lista de ‘investigados’. Navarro dijo no tener competencias en el seguimiento de las subvenciones públicas que recibía la mancomunidad.

El ex gerente durante la mayor parte de la existencia de la mancomunidad se gastó 2.500 euros en un viaje a Cuba que no justificó según la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Navarro, además, se vio forzado a abandonar su puesto después de ser condenado por acoso sexual a una subordinada entre septiembre de 2005, cuando le consiguió un trabajo en la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz, y julio de 2007, cuando la víctima denunció tras más de un año trabajando en la mancomunidad.

Seis imputados

Junto a Maestre y Navarro, en la nómina de responsables del supuesto fraude en subvenciones figura Manuel Fernández, que ejerció de secretario de la mancomunidad durante más de una década y hasta poco antes de que desapareciera; el ex interventor de la institución, Mariano Rodríguez, al que la Guardia Civil ya señalaba en sus investigaciones; la ex tesorera de la mancomunidad, Fátima Fernández, y la ex jefa de gestión de proyectos, Gloria Rodríguez.

Estos tres últimos estaba previsto que comparecieran en los juzgados de Lebrija el 29 de enero, pero las fuentes consultadas explicaron que la agenda de declaraciones se va a reorganizar a la vista de la duración de las dos primeras. Lo más probable es que el próximo viernes sean llamados a declarar sólo dos imputados.

Aunque hay hasta once ayudas bajo sospecha, por ahora sólo en dos de las causas se ha decidido ya dar el paso hacia las imputaciones. Se trata de dos subvenciones que suman poco más de medio millón de euros. Una para desarrollar el proyecto de escuela taller La Giraldilla y otra para el proyecto denominado Emegon, el primero por 343.000 euros y el segundo, de 202.500 euros.

Quedan todavía otras nueve causas abiertas en los juzgados lebrijanos relativas a otras tantas ayudas, la mayor parte de ellas otorgadas por la Junta, que, al igual que en los dos casos anteriores, acabaron desviadas a otros fines distintos para el que fueron concedidas.

En total, las once subvenciones que están bajo sospecha suman en torno a losseis millones de euros.

Estas ayudas, tomadas de forma individual, oscilan entre los 130.000 y los 430.000 euros y en ninguno de los casos, según fuentes próximas a la investigación, la mancomunidad justificó el gasto.

De hecho, la Junta -que concedió diez de las once ayudas; la undécima la otorgó el Gobierno central- tiene abiertos expedientes de reintegro en todas las subvenciones porque el dinero se destinó, en todo o en parte, a fines distintos a los que fueron concedidas.

Las subvenciones las recibió la entidad para poner en marcha, fundamentalmente, escuelas taller como la que llevaba por nombre ‘Navegando por Rota’ o ‘La Giraldilla’ y que, aparentemente, nunca llegaron a funcionar a pesar de que el dinero sí llegó a las cuentas de Bajo Guadalquivir. Parte de ese dinero, según la investigación, se dedicó a pagar las nóminas.

 

 

 

Fuente: EL MUNDO

Anuncios