Imputan al exalcalde socialista de Los Palacios por el fraude de la Mancomunidad

 

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El supuesto desvío de, al menos, seis millones de euros en subvenciones recibidas por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir ya tiene presuntos responsables. Lo ha desvelado el diario El Mundo, señalando que, quien fuera presidente de la entidad supramunicipal y exalcalde de Los Palacios y Villafranca, Antonio Maestre (PSOE), ha sido formalmente imputado por dos jueces por la «desaparición» de medio millón de euros que la mancomunidad recibió para dos proyectos y que nunca se gastaron en los mismos. De esta forma, el escándalo salpica de lleno al PSOE de Sevilla, a cuya ejecutiva pertenece como secretario de Políticas Hidráulicas. Además, Maestre es uno de los asesores fichados por el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE).

Según cuenta el periódico, los juzgados números 1 y 2 de Lebrija han citado a Maestre el próximo 22 de enero para ser interrogado en calidad de investigado, que es el término que equivale a imputado en la nueva ley de enjuiciamiento criminal ya en vigor. Sobre él pesa un presunto fraude en subvenciones, aunque podrían sumarse nuevos delitos tras su interrogatorio dado que la Fiscalía -que promovió este caso tras una denuncia del PP- también apuntaba malversación y falsedad.

Esta imputación se produce después de que tanto el ministerio público como los jueces que investigan el fraude hayan visto indicios de delito en la actuación de Maestre al frente de la mancomunidad, de la que fue máximo responsable entre los años 2003 y 2011.

Pero Maestre no estará solo en los juzgados de Lebrija. Junto a él han sido igualmente imputados cuatro ex altos cargos de la entidad. De entre ellos destaca el ex gerente durante la mayor parte de la existencia de la mancomunidad, José Antonio Navarro, el mismo que se gastó 2.500 euros en un viaje a Cuba que no justificó según la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Navarro, además, se vio forzado a abandonar su puesto en el Bajo Guadalquivir después de ser condenado por acoso sexual a una subordinada entre septiembre de 2005 -cuando le consiguió un trabajo en la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz- y julio de 2007 -cuando la víctima denunció tras más de un año trabajando en la mancomunidad-.

En la nómina de responsables del supuesto fraude en subvenciones figura asimismo el ex interventor de la institución, Mariano Rodríguez, al que la Guardia Civil ya señalaba en sus investigaciones junto a Maestre y Navarro. Completan el listado de «investigados» la ex tesorera de la mancomunidad, Fátima Fernández; y la ex jefa de gestión de proyectos, Gloria Rodríguez.

Estos tres últimos tendrán que comparecer en los juzgados de Lebrija el 29 de enero, mientras que Maestre y Navarro lo harán una semana antes. Todos tendrán que declarar primero en un juzgado y luego en el otro, ya que cada órgano tiene instruye un procedimiento por cada subvención supuestamente desviada.

Aunque hay hasta 11 ayudas públicas bajo sospecha, por ahora sólo en dos de las causas se ha decidido ya dar el paso hacia las imputaciones. Se trata de dos subvenciones que suman poco más de medio millón de euros: una era para desarrollar el proyecto de escuela taller La Giraldilla y otra para el proyecto denominado «Emegon», el primero por 343.000 euros y el segundo de 202.500 euros.

Quedan todavía otras 9 causas abiertas en los juzgados lebrijanos relativas a otras tantas ayudas públicas, la mayor parte de ellas otorgadas por la Junta de Andalucía que, al igual que en los dos casos anteriores, acabaron desviadas a otros fines distintos para el que fueron concedidas.

En total, las once subvenciones que están bajo sospecha suman en torno a los seis millones de euros. Estas ayudas, tomadas de forma individual, oscilan entre los 130.000 y los 430.000 euros y en ninguno de los casos, según fuentes próximas a la investigación, la mancomunidad justificó el gasto. De hecho, la Junta de Andalucía -que concedió 10 de las 11 ayudas; la undécima la otorgó el gobierno central- tiene abiertos expedientes de reintegro en todas las subvenciones porque el dinero se destinó, en todo o en parte, a fines distintos a los que fueron concedidas.

Así, por ejemplo, de una de las subvenciones, por un importe de 325.000 euros, la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir devolvió a requerimiento de la Junta 225.000 euros, pero los restantes 100.000 euros no han aparecido.

Las subvenciones las recibió la entidad para poner en marcha, fundamentalmente, escuelas taller que, aparentemente, nunca llegaron a funcionar a pesar de que el dinero sí llegó a las cuentas de Bajo Guadalquivir. Parte de ese dinero, según la investigación, se dedicó a pagar las nóminas de los trabajadores.

Las irregularidades en la gestión de las subvenciones por parte de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir las detectó la fiscalía de Dos Hermanas a raíz de una investigación propia y previa a llevar el asunto a los tribunales, y que se centró en las últimas subvenciones concedidas a la mancomunidad, aquellas respecto a la cual el presunto delito no habría prescrito. Como consecuencia de dicha investigación, explicaron fuentes próximas, la fiscalía decidió interponer hasta 11 denuncias, una por cada subvención, en los juzgados de Lebrija. En todas y cada una de estas denuncias, el ministerio público ponía en conocimiento del juzgado de turno las supuestas irregularidades encontradas, cómo la institución recibió el dinero pero no justificó su destino.

 

Fuente: UTRERADIGITAL

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