La juez confirma el archivo del caso Aznalcóllar

La juez, Patricia Fernández, considera que no existen indicios de prevaricación en la decisión adoptada por la Junta

Será ahora la Audiencia de Sevilla la que se pronuncie sobre el caso por el recurso de apelación presentado

Imagen de la mina de Aznalcóllar. ESTHER LOBATO

La juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha confirmado el archivo del caso de la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Minorbis-Grupo México.

Fuentes judiciales han explicado a Efe que la juez ha tomado esta decisión tras losrecursos de reforma presentados por la empresa perdedora del concurso, Emerita Resources, y por Manos Limpias.

La juez archivó la denuncia por considerar que no existían indicios de prevaricación en la decisión adoptada por la Junta de Andalucía, por lo que ahora será la Audiencia de Sevilla la que se pronuncie sobre el caso por el recurso de apelación presentado.

El pasado 6 de noviembre, la juez acordó archivar la causa, en la que había siete imputados, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, que fue apartada de su cargo tras la imputación judicial y luego restituida en su puesto.

La juez abrió la investigación del caso después de la denuncia presentada el 2 de marzo de 2015 por la otra empresa finalista del concurso, Emerita Resources, que apreciaba que en la concesión se cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

En el auto de archivo, la juez explicó que en la concesión de la mina, realizada el 20 de febrero de 2015 por parte de la Junta de Andalucía, no existen indicios de que haya existido un acuerdo entre los imputados para, errando a propósito en sus dictámenes, favorecer a la empresa Minorbis.

Tres días antes de notificarse el auto de archivo inicial, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio anunció que dejaba sin efecto la paralización cautelar de la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar.

Según la juez, “no puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes, más allá de meras sospechas o conjeturas, de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas”.

“En principio, hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto”, afirma la juez antes de recordar que se hizo “teniendo en cuenta además que, con carácter previo, había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía en este concurso”.

La magistrada considera que “no puede afirmarse la concurrencia de los requisitos descritos como propios de la prevaricación en el procedimiento y trámites del concurso relacionado con la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar”.

Tras examinar la “abundante documentación” aportada en las actuaciones y las declaraciones de los implicados, añade la juez, “las cuestiones objeto de debateson cuanto menos susceptibles de otra interpretación distinta a la sostenida en la denuncia matriz”.

En su auto, la juez subraya que el juzgado no puede “sustituir la labor propia de los integrantes de la mesa y de la comisión” del concurso, y añade que era una práctica habitual de las empresas del sector intercambiar opiniones y contactos entre ellas y con la dirección general de Minas.

Por ello, no aprecia delitos en las visitas o manifestaciones verbales en las visitas del directivo de Magtel Mario López Magdaleno ni en la llamada que reconoció que hizo el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, para preguntar por el proceso de negociación.

Fuente: EL MUNDO

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